Passarella ventila puntas de la auditoría en Ríver.

30.06.2011 - Acaso algo más tarde de lo esperado, después de anunciarlo en nota periodística, Daniel Passarella dio a conocer los "cinco o seis temas puntuales" que pasaron al Departamento Legal de Ríver, desprendidos de la auditoría (KPMG) a la gestión de José María Aguilar como presidente del club.

Acciones judiciales iniciadas:

Reclamo por u$s 3.962.632, contra los ex directivos José Maria Aguilar y Mario Ernesto Israel por daños y perjuicios sufridos por el Club atribuibles al mal desempeño en el cargo y violación de la ley y del estatuto, imputados a los demandados con motivo de la cesión de porcentaje relativo a la futura transferencia del pase del jugador Fernando Daniel Belluschi.

Reclamo por u$s 500.000, con más lo que resulte de las pruebas a producirse en el expediente judicial, contra el ex presidente José Maria Aguilar y quienes resulten también responsables del perjuicio patrimonial sufrido por el Club como consecuencia del incumplimiento del contrato con "THE GAME S.R.L." relativo al match a disputar con el Club Atlético Boca Juniors en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, previsto para el día 6 de septiembre de 2009.

Presentación en la causa penal en trámite contra los ex directivos de la gestión anterior a la presente, por administración fraudulenta, con aporte de información y documentación relativa al contrato con el Club Locarno y a las transferencias de los jugadores Luis Oscar González, Maximiliano Gastón López, Fernando Daniel Belluschi, Augusto Matías Fernández, Juan Pablo Carrizo y otros.

Querella criminal contra los responsables de Cooperativa de Crédito y Vivienda Centro Comercial de Liniers LTDA por adulteración de documento y cobro mediante defraudación por abuso de confianza. Esta firma operaba habitualmente con el Club durante la gestión anterior y se han detectado irregularidades en la relación habida que han sido expuestas en la querella y se encuentran en plena investigación.

Denuncia penal contra los dirigentes responsables de las irregularidades detectadas en la contratación de las empresas que participaron en la construcción del Museo River, con importante perjuicio económico a la institución por sobreprecios en la facturación cobrada por la realización de la obra en cuestión.

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